DEFENSA LEGAL DE LOS DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS FRENTE AL “MOVIMIENTO OKUPA” Y LAS DILACIONES EN LA RECUPERACIÓN DE LOS INMUEBLES ARRENDADOS.

ENTRADA EN VIGOR DESDE EL 2 DE JULIO DE 2018 DE LEY 5/2018, DE 11 DE JUNIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, EN RELACIÓN A LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS.

La grave situación económica padecida en los últimos años en nuestro país ha perjudicado los legítimos derechos de los arrendadores debido a diversas consecuencias del ámbito económico, entre las que se encuentran, el paro, o la precariedad laboral que han llevado al incumplimiento de los compromisos nacidos de la relación arrendaticia y a la dilación de la recuperación de los inmuebles por sus propietarios en los procedimientos de resolución de contratos y desahucios.

Consecuencia de lo anterior, además, el número de viviendas en España sin habitar fue creciendo exponencialmente, y esta circunstancia ha sido aprovechada, de manera reprobable, por numerosos movimientos comúnmente conocidos como “Okupas”, dedicados a la ocupación ilegal de inmuebles que no son de su propiedad. Incluso, se han llegado a ocupar ilegalmente viviendas de alquiler social de personas en situación económica muy precaria, y para abandonarlas se les ha exigido el pago de cantidades a cambio de un techo inmediato, o se ha extorsionado al propietario o poseedor legítimo de la vivienda para obtener una compensación económica como condición para recuperar la vivienda de su propiedad o que legítimamente venía poseyendo. Se han constatado verdaderas actuaciones organizadas, muy lucrativas y de carácter mafioso, llegando incluso a, tras ocupar la vivienda, alquilar la misma a turistas, sin tributar las ganancias. La ocupación ilegal, esto es, la ocupación no consentida ni tolerada, no es título de acceso a la posesión de una vivienda ni encuentra amparo alguno en el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna.

A su vez, ninguno de los cauces legales actualmente previstos en la vía civil, para procurar el desalojo de la ocupación por la fuerza de inmuebles, resulta plenamente satisfactorio y, en todo caso, se demora temporalmente de forma extraordinaria. Tampoco la vía penal resulta plenamente eficaz, a través de los artículos 245.2 y concordantes del Código Penal como delito de usurpación, pero esta forma de tutela jurídica responde a una respuesta propia del Derecho penal, es decir, de «ultima ratio», por lo que no comporta ni puede comportar una solución general que trascienda o sustituya los mecanismos civiles para la tutela de los derechos posesorios.

Por todo ello, conviene articular los mecanismos legales ágiles en la vía civil que permitan la defensa de los derechos de titulares legítimos que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda. La solución adoptada por el Legislador no ha sido otra que la promulgación de la presente Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas.

En esta reforma, se actualiza el tradicional interdicto de recobrar la posesión, para así conseguir acortar los plazos y obtener una inmediata recuperación de la vivienda ilegalmente ocupada. De igual manera, el demandado o demandados, deberán contestar a la Demanda en el plazo legalmente previsto, resultando que, si no lo hicieren, se procederá de inmediato a dictar Sentencia. La ejecución de la sentencia también se adapta a la nueva agilidad, de manera que, previa solicitud del interesado, la Sentencia estimatoria de la pretensión del legítimo propietario podrá ejecutarse sin que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Puede consultar las modificaciones introducidas en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil en el siguiente enlace:    https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7833.pdf

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