CONOZCA DE LA MANO DE SALVIDE ABOGADOS LAS ÚLTIMAS NOVEDADES LEGISLATIVAS DE CARÁCTER LABORAL QUE TRAEN CAUSA EN LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL VIRUS COVID-19.

Como ha manifestado la autoridad laboral en los últimos días, existe preocupación por el aprovechamiento que algunas empresas están haciendo de la grave crisis sanitaria derivada del COVID-19 en cuanto a la regulación orgánica de sus plantillas.

Se observa, con temor, cómo un elevado número de puestos de trabajo están siendo destruidos al amparo de las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, a saber, por causa de fuerza mayor, y por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.

Es por este motivo que se han adoptado nuevas medidas laborales, cuyo principal objetivo es promover el Expediente de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) para impedir una destrucción masiva de puestos de trabajo que suponga graves consecuencias económicas para nuestro país, como es la promulgación y publicación del Real Decreto-Ley 9/2020 de 27 de marzo de medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los efectos derivados del COVID-19.

Como principales medidas, tenemos las siguientes:

  • Artículo 1: Mantenimiento de la actividad en centros sanitarios y centros de atención a personas mayores.
  • Artículo 2: Prohibición de adoptar despidos y extinciones de trabajo al amparo de los artículos 22 y 23 del Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
  • Artículo 3: Medidas de desarrollo de la solicitud de la prestación por desempleo a la que se refiere el art. 25 del Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo:
    • Deberá ser la empresa contratante, en representación de sus trabajadores, quien efectúe la solicitud colectiva de prestaciones por desempleo.
    • La solicitud, por cada uno de los centros de trabajo que se vean afectados, deberá incluir:
      • Nombre o razón social de la empresa, domicilio, número de identificación fiscal y código de cuenta de cotización a la Seguridad Social al que figuren adscritos los trabajadores cuyas suspensiones o reducciones de jornada se soliciten.
      • Nombre y apellidos, número de identificación fiscal, teléfono y dirección de correo electrónico del representante legal de la empresa.
      • Número de expediente asignado por la autoridad laboral.
      • Especificación de las medidas a adoptar, así como de la fecha de inicio en que cada una de las personas trabajadoras va a quedar afectada por las mismas.
      • En el supuesto de reducción de la jornada, determinación del porcentaje de disminución temporal, computada sobre la base diaria, semanal, mensual o anual.
      • A los efectos de acreditar la representación de las personas trabajadoras, una declaración responsable en la que habrá de constar que se ha obtenido la autorización de aquellas para su presentación.
      • La información complementaria que, en su caso, se determine por resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.
    • La comunicación deberá remitirse por la empresa:
      • En el plazo de 5 días desde la solicitud del expediente de regulación temporal de empleo, si se realiza por fuerza mayor, en virtud del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
      • Desde la fecha en que la empresa notifique a la autoridad laboral competente su decisión en el caso de los procedimientos regulados en su artículo 23 -causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.
    • La comunicación se remitirá a través de medios electrónicos y en la forma que se determine por el Servicio Público de Empleo Estatal.
    • En el supuesto de que la solicitud se hubiera producido con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, el plazo de 5 días empezará a computarse desde esta fecha.
    • La no transmisión de la comunicación regulada en los apartados anteriores se considerará conducta constitutiva de la infracción grave prevista en el artículo 22.13 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
  • Artículo 5: Se interrumpe el cómputo de duración máxima de los contratos temporales que sean suspendidos por las causas de fuerza mayor; económicas, técnicas, organizativas y de producción -artículos 22 y 23 del Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo- incluidos los formativos, de relevo y de interinidad. La suspensión afectará a:
    • La duración global de los contratos.
    • Los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales.
  • Disposición Adicional Primera: La duración de los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo adoptados por causas de fuerza mayor -Artículo 22 del Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo- no podrá extenderse más allá de la propia duración del Estado de Alarma decretado el 14 de marzo de 2020, y de la prórroga adoptada mediante Resolución adoptada por el Congreso de los Diputados el pasado 25 de marzo de 2020, esto es, hasta las 00:00 horas del 12 de abril de 2020, sin perjuicio de ulteriores prórrogas si la situación de crisis sanitaria así lo requiere.
  • Disposición Adicional Tercera: Fecha de efectos de las prestaciones por desempleo:
    • En los supuestos de fuerza mayor será la fecha del hecho causante de la misma.
    • Por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, la fecha de efectos de la situación legal de desempleo habrá de ser, en todo caso, coincidente o posterior a la fecha en que la empresa comunique a la autoridad laboral la decisión adoptada.

En el siguiente enlace podrá acceder al documento íntegro del Real Decreto-Ley 9/2020 de 27 de marzo por el que se adoptan medidas complementarias de carácter laboral: boe-real-decreto-ley-9-2020-de-27-de-marzo.

Para obtener más información, no dude en contactar con Salvide Abogados.

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